Domingo, 05 de junio de 2011

LA GACETA DE INTERECONOMIA

Los querellantes insisten ante el Supremo en que Bono false? sus declaraciones

Presentan un recurso de s?plica en el que aseguran que ?existen s?lidos indicios de cohecho y falsedad?. ?El auto del Alto Tribunal se asemeja a una sentencia absolutoria de un juicio que nunca se celebr?.

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Diego Carrasco. Madrid

Las revelaciones sobre el notable incremento patrimonial del ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y presidente del Congreso de los Diputados, Jos? Bono, sacadas a la luz p?blica por LA GACETA, ?han producido una gran alarma social en la ciudadan?a al tener la mayor?a la convicci?n de que su patrimonio no se corresponde son su nivel de ingresos leg?timos?, seg?n la Asociaci?n Justitia et Veritas.

El pasado viernes la acusaci?n present? un recurso de s?plica ante el Tribunal Supremo contra la inadmisi?n a tr?mite de la querella que acusaba a Bono de presuntos delitos de cohecho, falsificaci?n de documento p?blico y fiscal.

Los querellantes insisten en que Bono falt? a la verdad en sus declaraciones de bienes y de actividades, ?al ocultar a la C?mara sus actividades relacionadas con H?pica Almenara y con el contrato suscrito con la Editorial Planeta, por el que percibi? 700.000 euros?. Es m?s, ?hurt? al pleno del Congreso de los Diputados la posibilidad de pronunciarse sobre si su ejercicio se adecuaba o no a la legislaci?n de incompatibilidades?; es decir, si hay compatibilidad entre el cargo de diputado y la actividad privada declarada.

Es p?blico

Y es que, seg?n la acusaci?n, ?la Sala Penal no ha tenido en cuenta que la declaraci?n de bienes no es p?blica, que se custodia bajo llave en la Comisi?n del Estatuto del Diputado, mientras que la declaraci?n de actividades se inserta en un registro de car?cter p?blico?. De esta manera, el recurso desmonta la argumentaci?n dada por el Supremo que declar? que Bono no cometi? falsedad alguna en sus declaraciones de actividades y de bienes.
Respecto a las declaraciones de bienes que Bono efectu? en Castilla-La Mancha, el recurso advierte a la Sala de que en ?sus declaraciones comprendidas entre 1995 y 2003 dijo que con el producto de las venta de las fincas heredadas de sus padres, en Salobre, hab?a satisfecho los gastos para construir su mansi?n en Ol?as del Rey, se pagaron deudas pendientes y se compr? el piso de Toledo?. Adem?s, como ya se aport? a la Sala Penal, ?Bono obtuvo de dicha venta 7 millones de pesetas?. Para los querellantes, esta actuaci?n supone un delito de falsedad porque se ?est? faltando a verdad en la narraci?n de los hechos?.

Por tanto, el ex ministro ?incumpli? el deber de transparencia que la ley impone a los diputados y dem?s cargos p?blicos en la comunidad castellanomanchega?. La falsedad se produjo en un documento que tiene naturaleza p?blica. En este sentido, el recurso, elaborado por el abogado Jaime Ignacio del Burgo, explica que ?el Supremo no puede amparar la impunidad de un cargo pol?tico ante una falsedad que contraviene de forma radical la ley?.

?Delito prescrito?

Conviene recordar que el Ministerio Fiscal admiti? que las declaraciones publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ten?an el car?cter de documento p?blico. Y justific? a regl?n seguido que ?el presunto delito de falsedad habr?a prescrito por haberse cometido en 1996 (sin tener en cuenta que el delito se realiz? de forma continuada hasta el a?o 2004)?, argumenta el recurso.

Relacionado con estos hechos, los querellantes se?alan que podr?a haber cometido un presunto delito fiscal ?si del resultado de las investigaciones se desprendiera que el importe de la venta no fuera 7 millones sino 300, que es la cantidad que como m?nimo habr?a tenido que satisfacer para liquidar las deudas pendientes, comprar el piso en Toledo y construir su mansi?n de Ol?as del Rey?.

Por otra parte, Justitia et Veritas denuncia que el pasado 19 de mayo present? a la Sala Penal un escrito de ampliaci?n de la querella y en el auto de inadmisi?n no se hace ninguna referencia a dicho escrito. Por esta raz?n, ?la resoluci?n judicial es nula de pleno derecho porque vulnera lo establecido en la Ley del Poder Judicial?. En efecto, el art?culo 11.3 establece que ?los juzgados y tribunales deber?n resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen?. En su opini?n, esta actuaci?n del Supremo produce en los querellantes indefensi?n.

El recurso, redactado por del Burgo, tiene muy claro que ?los hechos denunciados, de ser ciertos, son constitutivos de delito. Y esto s?lo puede determinarse con la pr?ctica de diligencias?. En consecuencia, ?no se nos puede exigir la presentaci?n de pruebas porque estas s?lo se pueden obtener en el marco de una investigaci?n judicial, ya que de lo contrario podr?a entenderse que se hab?an conseguido por medios il?citos?. Esto significa que ?s?lo se puede desestimar la querella despu?s de practicar las diligencias para la comprobaci?n del hecho presuntamente delictivo?. Lo que quiere decir que ?el actuar de la Sala Penal del Supremo implica que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constituci?n?. ?El aforamiento de un cargo p?blico no supone ning?n privilegio procesal para la persona aforada?, subrayan los querellantes.

Balones fuera

Respecto a H?pica Almenara, el Supremo se quit? el asunto de en medio al decir que un juez de Toledo ya estaba al tanto de este tema. Sin embargo, la acusaci?n rebate este argumento alegando que ?lo investigado por el juez es un presunto delito societario cometido por los administradores y lo denunciado aqu? es que numerosas empresas han participado en la financiaci?n de la construcci?n del centro ecuestre, han hecho inversiones publicitarias a la vez que se han beneficiado de contratos por parte de la Junta?.

Los querellantes, aportan un ejemplo: ?La empresa de Francisco Hernando, El Pocero, particip? en la construcci?n del centro ecuestre despu?s de la aprobaci?n del macro proyecto urban?stico de Sese?a?. Adem?s, ?el Tribunal de Cuentas ya emiti? un informe en el que denunciaba las numerosas irregularidades administrativas detectadas en dicho proyecto?. En este punto, los querellantes se preguntan: ?qu? m?s quiere la Sala para ordenar una investigaci?n que esclarezca todo este turbio asunto?

Otro de los puntos fuertes del recurso de s?plica versa sobre la prueba indiciaria, que avala la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional. Gran parte de las pruebas presentadas por la acusaci?n se basan en dicha figura. El TC tiene declarado que ?prescindir de una prueba indiciaria conducir?a a la impunidad de ciertos delitos, especialmente los perpetrados con astucia?.

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Publicado por talabricense @ 15:27
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