Jueves, 08 de septiembre de 2011

LA GACETA DE INTERECONOMIA

El Tribunal de Cuentas abre expediente para investigar la relación entre Bono y El Pocero

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El órgano fiscalizador inicia un procedimiento para depurar responsabilidades penales en el ‘caso Seseña’. Los socialistas quieren dar carpetazo al asunto en su tramitación parlamentaria el próximo día 20.

Segundo Sanz. Madrid

Aunque el recorrido parlamentario del caso Seseña que salpica al presidente del Congreso, José Bono, está llegando a su fin por voluntad expresa del Partido Socialista, no puede decirse lo mismo de la vía jurisdiccional que se sigue en el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador reveló ayer en la Cámara baja que su Comisión de Enjuiciamiento ha informado de la apertura de un procedimiento, inicialmente en fase de instrucción, para depurar responsabilidades tras los abusos detectados en la gestión urbanística del ayuntamiento toledano de Seseña entre los años 1996 y 2007.

Estas irregularidades, recogidas en un informe que se conoció el pasado año, fueron ayer expuestas en el Congreso en una presentación que no hizo el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez (alegó problemas de agenda al encontrarse en un evento en Rumanía), sino el responsable del departamento de Entidades Locales, Ramón Álvarez de Miranda. Preguntado por el senador del Partido Popular Juan Antonio de las Heras sobre si desde el órgano fiscalizador se van a depurar responsabilidades de quienes gobernaron Castilla-La Mancha durante 28 años –en alusión a José Bono y José María Barreda– permitiendo estos escándalos, Álvarez de Miranda indicó los pasos recién dados. Según explicó, después de que tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado apreciasen “suficientes indicios de responsabilidad” y solicitaran que se remitieran los antecedentes a la Comisión de Enjuiciamiento, esta ha optado por abrir una investigación más exhaustiva sobre posibles delitos penales de los implicados. La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por Bono hasta 2004 y por Barreda hasta el pasado mayo, subraya el tribunal, “debió ejercitar, en el ámbito de sus competencias, las funciones de ordenación, control, inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga”. “De haberse practicado adecuadamente” tales obligaciones, concluye el texto, “podrían haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planteamiento no justificadas en el interés general”.

Precisamente para descubrir a aquellos dirigentes “que no han sabido defender ese interés general” y para dar a los ciudadanos la oportunidad de “retirarles su confianza”, el senador popular pidió al Tribunal de Cuentas que no reduzca su tarea a la sola labor fiscalizadora de las cuentas locales. “La responsabilidad no puede quedar restringida a los meros gestores municipales. La Junta no puede mirar para otro lado y alegar desconocimiento y falta de medios, porque hay responsabilidad, presuntas responsabilidades y algún que otro dolo”, recalcó De las Heras.

El informe en cuestión denuncia vulneraciones legales e irregularidades administrativas que pasaron inadvertidas para el Gobierno castellanomanchego entre el Ayuntamiento de Seseña, bajo mandato del socialista José Luis Martín, y las constructoras Promociones del SAZ 2000 SL y ONDE 2000, empresas de la familia de Francisco Hernando, El Pocero. Se da la circunstancia de que ONDE 2000 fue la encargada de realizar las obras en Hípica Almenara, centro de equitación propiedad del presidente del Congreso y sus parientes. La constructora de El Pocero recibió información por parte de la hípica de las obras que tenía que hacer y del nombre de las empresas que asumirían el coste de los trabajos. Tal y como relató LA GACETA en su día, el montante de estas actuaciones ascendió a 600.000 euros, de los que sólo 200.000 fueron pagados por Bono.

En este contexto, el Grupo Socialista minimizó ayer la presunta culpabilidad de los anteriores Ejecutivos de Castilla-La Mancha, y por ende, la implicación del presidente de la Cámara baja. El diputado del PSOE Manuel Mas señaló que en el caso Seseña “se juntó el hambre con las ganas de comer: la miseria de la Administración local con la voracidad de los promotores en la era dorada del ladrillo”. Ninguna referencia al papel que hubo de desempeñar el Gobierno regional.

Con prisas

Aunque los dos principales partidos cruzaron ayer breves acusaciones, será previsiblemente el 20 de septiembre cuando se reúna por última vez la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y se produzca el debate y votación de las correspondientes propuestas de resolución. Después de haber propiciado esta tramitación exprés antes de la disolución de las Cortes, los socialistas darán carpetazo al asunto.

 


Publicado por talabricense @ 10:48  | politica
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